Especialización en Derecho Administrativo y Regulación

En el marco del proceso de formación en ciencias jurídicas, el estudio de los medios para la efectiva realización de los fines del Estado por parte de las administraciones públicas, y en particular de la función administrativa y la función regulatoria del Estado, es esencial para el ejercicio profesional de los estudiantes, motivo por el cual, se presenta un programa académico que busca su formación y preparación en una rama esencial del derecho administrativo, que de forma adicional, permitirá una mayor comprensión sobre las formas propias del actuar de las diferentes entidades del Estado.

El Estado, para el cumplimiento de los fines que le han sido encomendados, la satisfacción de necesidades públicas y la promoción del bienestar general, requiere la permanente compra de bienes y servicios, vr.gr., hospitales, colegios, bibliotecas, carreteras, aeropuertos, puertos, redes de servicios públicos domiciliarios y equipamientos públicos, entre una gran variedad. Compras que, para eficiencia y eficacia en el gasto, así como, para garantía de los derechos y libertades de los administrados, deben estar conformes con particulares reglas y principios que guían y orientan el proceso decisional y el actuar del sector público.
Las reglas guían el proceso decisional de manera determinada, mientras que, los principios lo hacen de manera indeterminada, limitan o acotan el margen de decisión o de apreciación de la autoridad para la efectiva consecución de los fines que la norma autoriza; en dicho marco de reglas y principios, la profundización de saberes en un área principal del derecho administrativo, cumplen una labor principal para promover el ejercicio de una función administrativa eficiente, eficaz, racional, razonable, objetiva, imparcial y proporcionada.

La economía del sector público surge como una relación vinculante entre el derecho y la economía, producto del análisis económico del sec-tor público en la economía, de las leyes y la regulación que, condiciona el comportamiento económico de los agentes y el proceso decisional del gobierno, regulando sus actuaciones cuando toman decisiones y cuando distribuyen sus recursos, siendo por dicha razón, un componente principal, para la comprensión del proceso decisional y de la gobernanza regulatoria.
Cuál debe ser el papel del Estado en el funcionamiento de una economía nacional o mundial, ha sido un interrogante que ha estado presente siempre en las ciencias económicas y políticas. La respuesta, por su parte, no parece ser la misma siempre. A pesar de partirse de algunos principios básicos, los diferentes momentos de la economía mundial, provocan que la economía del sector público sea algo que está en cons-tante cambio, así como el debate público sobre la presencia del Estado en el circuito económico.
 

La discrecionalidad es, entre todos los medios a través de los que se ejerce el poder del Estado cuando se canaliza mediante la función administrativa, la más importante fuente de riesgos de responsabilidad estatal. Esto se explica porque se trata del mecanismo de acción insti-tucional más expedito. Por eso, la comprensión de su estructura lógica y su “naturaleza” jurídica es fundamental, no solo para comprender las limitaciones que han propuesto tanto la jurisprudencia constitucional como la contencioso administrativa, sino también las recomendaciones que en ese sentido surgen en la doctrina nacional y comparada (sobre todo, la española y la francesa, que parecen llevar la pauta hermenéutica sobre este asunto).
Ahora bien, para entender el fenómeno de la discrecionalidad administrativa es necesario integrar su estudio en el marco más general del derecho administrativo, entendido no solamente como el derecho de la Administración Pública, sino, ante todo, como la concreción normativa de los valores constitucionales asociados a la dignidad humana, la igualdad ante las cargas públicas, el debido proceso y la estructura orgánica del Estado colombiano. En ese sentido, la asignatura escudriña en los entresijos de la construcción jurídica del acto administrativo discrecional, así como en los mecanismos de controversia de esos actos.

La idea de la mejora en la regulación (better regulation) ha trascendido el escenario puramente legislativo y de los decálogos de conducta legislativa que, con carácter no vinculante, fueron adoptados en el siglo XIX. Mucho más allá de esto, la exigencia de la mejora regulativa tiene una especificación en un derecho subjetivo a la calidad normativa. Y esto, con mayor razón, para el caso del Derecho administrativo responsable no solo de la imagen que los ciudadanos se forjan del Estado, sino, también, del desorden normativo y de la falta de un modelo legible por los ciudadanos (hoy reconocido a través de los modelos de lenguaje claro y simplificación del lenguaje jurídico). En las estadísticas cuantificables, un 80 % de las personas no comprenden las normas administrativas y esto es válido para las relaciones jurídicas ad intra y las relaciones extra.
A este proceso se ha agregado el impacto de la globalización jurídica que ha des-estatalizado las fuentes jurídicas desplazando los centros de producción hacia organismos no estatales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE. Ahí, dentro de un marco de globalización económica han confluido proyectos interdisciplinarios: como los estudios de impacto normativo, 1 la evaluación de normas jurídicas, la simplificación de normas y procedimientos y la aplicación de instrumentos interdisciplinarios como la economía conductual como las medidas de intervención llamadas nudging o empujones que buscan influir en la toma de decisiones por la ciudadanía en materia de pensiones, alimentos, consumo y, en general, en las intervenciones que el Estado realiza en la acción cotidiana.

En el marco del proceso de formación en Ciencias Jurídicas y particularmente en un espacio de especialización en el área del derecho administrativo, el estudio de los procedimientos administrativos de carácter general y común, así como el estudio del procedimiento sancionatorio, permitirán conocer uno de los elementos fundamentales de la actividad administrativa, posibilitando el dominio completo en este tipo de manifestaciones.
De este modo, se analizarán las fuentes de juridicidad del procedimiento administrativo, la naturaleza del derecho sancionador y las reglas aplicables a diversos procedimientos administrativos: sancionatorio, expropiatorio, policivo, fiscal.

El curso de LEA I para posgrados es una asignatura de formación transversal que pretende mejorar las competencias comunicativas y las habilidades lectoescriturales de los estudiantes de los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque. Por tal razón, el curso tiene un triple propósito, el cual converge progresiva y secuencial de la siguiente manera:
En primer lugar, el curso busca remediar posibles falencias asociadas a la escritura académica y lectura comprensiva de diversas tipologías textuales solicitadas en el ámbito académico en general, y en el ámbito disciplinario de la ciencia jurídica en particular. 
En segundo lugar, el curso procura asegurar que los estudiantes desarrollen y consoliden las habilidades necesarias para la lecturas y redacción de textos jurídicos, claves para su desempeño profesional y académico en los programas de especialización ofertados por la Facultad. 
En tercer lugar, el curso pretende sentar las bases y fundamentos necesarios para la escritura de varios productos académicos y profesionales, que permitan la concreción de las habilidades escriturales en tipologías documentales propias del ejercicio profesional específico de este programa de formación.
En este orden de ideas, el curso de LEA 1 para posgrados se erige como una oportunidad formativa idónea para que los estudiantes desarrollen sus habilidades de comunicación escrita y comprensión lectora, con el fin de desenvolverse adecuadamente en sus contextos profesionales de expresión jurídica.

Debido a la ficción legal que acoge el concepto de persona jurídica, la creación de personas jurídicas se presta en ocasiones para la comisión de delitos o la realización de actos éticamente cuestionables. Sin embargo, existen escenarios en los cuales la persona jurídica se hace responsable por sus actos, ya sea mediante una responsabilidad civil o mediante una responsabilidad extracontractual como fuente de delitos que recae sobre las personas jurídicas y órganos de representación.
En ese sentido, es relevante que el estudiante en el área del derecho administrativo, conozca dichos escenarios, pues solo de esta forma podrá realizar una gestión preventiva de los riesgos que podrían eventualmente presentarse con ocasión de la relación con el Estado en el marco de la contratación.
 

El Estado colombiano, para la equitativa distribución de las oportunidades del desarrollo territorial y, la consolidación de una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, ha adoptado un régimen especial, a través del cual, se les dota a las referidas entidades de personalidad jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio. Esquema de organización territorial, en virtud del cual, se les asigna a las entidades territoriales especiales responsabilidades, atribuciones y competencias y, se adopta un sistema general de participaciones
El régimen especial aplicable a las entidades territoriales, está orientado a la realización de particulares finalidades públicas de la función administrativa; en dicho marco, el estudio del referido régimen, y en particular de la función administrativa y la función regulatoria de las entidades territoriales, es esencial para el ejercicio profesional de los estudiantes, motivo por el cual, se presenta un programa académico que busca su formación y preparación en una rama esencial del derecho administrativo, que de forma adicional, permitirá una mayor comprensión sobre el actuar del poder público territorial.

El derecho administrativo global - GAL - es una nueva área de investigación jurídica, centrada en la gobernanza global, así como, en los principios, reglas y mecanismos que se vienen imponiendo en dicho campo, en particular, principios de participación, transparencia, accountability, y revisión. GAL, entonces, se refiere a las estructuras, procedimientos y estándares normativos para los procesos regulatorios de toma de decisiones, incluyendo transparencia, participación y revisión, y los mecanismos regidos por reglas para implementar esos estándares, que son aplicables a (i) organismos formales intergubernamentales, (ii) redes informales regulatorias intergubernamentales; (iii) decisiones regulatorias de gobiernos nacionales que sean parte o que se encuentren limitadas por un régimen internacional intergubernamental; y (iv) a regímenes híbridos público-privados u órganos privados transnacionales regulatorios. Es por ello por lo que, el estudio de la gobernanza global y de los referidos principios, cumple un papel principal en el proceso de aprendizaje del proceso regulatorio en general.

El estudio de los principales regímenes regulatorios del Estado, cumple un papel principal en el proceso de comprensión del procedimiento regulatorio del Estado, motivo por el cual, se presenta un programa académico que busca su formación y prepara-ción en un régimen especial. La potestad reglamentaria de las Comisiones de Regulación es parte importante en el estudio de este curso dado el enfoque del programa de especialización, y que se articula con problemas usuales como la independencia y la protección de los usuarios.

En el marco del proceso de formación en ciencias jurídicas, el estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado, es esencial para el ejercicio profesional de los estudiantes, motivo por el cual, se presenta un programa académico que busca su formación y preparación en una rama esencial del derecho administrativo que, de forma adicional, permitirá una mayor comprensión sobre los hechos que generan responsabilidad del Estado.

El curso de LEA II para posgrados es una asignatura de formación transversal que pretende mejorar las competencias comunicativas y las habilidades lectoescriturales de los estudiantes de los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque. Por tal razón, el curso tiene un triple propósito, el cual converge progresiva y secuencial que se inicia con LEA I y continua de la siguiente manera:
En primer lugar, los estudiantes trabajarán más cercanamente algunas textualidades jurídicas exigidas en la producción escritural avanzada en el ámbito jurídico, necesaria para el ejercicio profesional en las áreas de profundización del derecho, a partir de la elaboración de documentos jurídicos avanzados.
En segundo lugar, el curso pretende familiarizar al estudiante con los criterios normativos de la producción académica, la publicación de trabajos en revistas indexadas y evaluar el impacto social del conocimiento científico, al tiempo que favorecer el uso de inteligencias artificiales genera-tivas (IA) para la creación eficiente de productos académicos y el reconocimiento de nuevas textualidades derivadas de los avances crecientes en el uso de redes sociales, las narrativas digitales y la producción multimedia.
En este orden de ideas, el curso de LEA 2 para posgrados se erige como una oportunidad formativa idónea para que los estudiantes eleven sus habilidades de comunicación escrita jurídica, con el fin de desenvolverse adecuadamente en sus contextos profesionales.