Discriminación, otro de los síntomas del COVID-19

Las formas de violencia que se viven en el marco de un Aislamiento Preventivo como medida de prevención al contagio por Coronavirus, no solo ocurre en el hogar hacia niñas, niños, personas adultas y mujeres, sino también hacia profesionales de la salud quienes son las principales personas que están dando respuesta a la atención de enfermos, no solo por COVID-19 sino por otras causas y enfermedades que también deben ser atendidas durante la pandemia.

Actualmente, el país enfrenta diferentes formas de estigma y discriminación que se configuran en violencias hacia profesionales de la salud quienes son los que están haciendo frente a la pandemia en sus diferentes ciudades y municipios. Esta situación se presenta porque las personas no tienen un conocimiento claro sobre el comportamiento de trasmisión del virus y la manifestación de la enfermedad, lo que hace que cuando se piense en culpabilizar se piense en ellos, ya que al estar en contacto con pacientes pueden trasmitir el virus o se puede pensar que no son lo suficientemente competentes para atender la pandemia.

Esta situación hace que los profesionales de la salud estén doblemente expuestos, al contagio por su tarea diaria al hacer atención a las personas que ingresan a los servicios de salud con la sintomatología por COVID-19 y el rechazo, el estigma y las manifestaciones violentas.

La comunidad ha optado por amenazas y reacciones violentas en los lugares de trabajo y de vivienda de estos profesionales, tanto así, que la situación los ha llevado a solicitar al Gobierno Nacional medidas de seguridad, respaldadas por la Policía Nacional.

Este es resultado de la desinformación que ocurre en el país, el estar todo el tiempo escuchando y leyendo noticias que no son ciertas frente a la enfermedad, es el miedo al contagio el que hace que algunas personas en el país continúen normalizando y naturalizando la violencia como una forma de culpabilizar a otros sobre lo que está ocurriendo.

Todas las instituciones del país y los profesionales que trabajan en dar respuesta a la pandemia lo hacen con todas las medidas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social, su seguridad es responsabilidad del Estado, la comunidad y las mismas entidades de salud que deben garantizar una atención adecuada que permita disminuir el riesgo de contagio.

Los profesionales de la salud tienen un miedo latente a seguir siendo discriminados, violentados, a estar contagiados y a contagiar a sus familias. No es justo, que este sea su día a día, cuando son las personas que permiten que muchos colombianos y colombianas hayan regresado a sus casas después de estar contagiados. La enfermedad por COVID-19 no puede permitirnos sumar una violencia más en el país.  

¿Estaríamos dispuestos asumir las consecuencias de una renuncia masiva de los profesionales de la salud en el país? Son las únicas personas que pueden salvar miles de vidas en el país, teniendo en cuenta que para el día de hoy se reportan más de 117 mil casos confirmados y se espera que el deceso de los casos, comience a finales del mes de agosto.

Durante el aislamiento preventivo obligatorio, debemos empezar a resignificar la forma en que nos relacionamos con nuestras familias y nuestra comunidad, mientras que el Gobierno Nacional se centra en desarrollar acciones enfocadas en informar sobre las formas y efectos de la pandemia relacionadas con el virus, y así, entre todos comprometernos con la solidaridad, el apoyo y la garantía de espacios seguros para profesionales de la salud, niñas, niños, mujeres y personas mayores que han sido víctimas de esas relaciones violentas que por años han acompañado a los colombianos en los diferentes espacios de la cotidianidad.