Nos encontramos ante uno de los escenarios más desafiantes de los últimos años en materia social, económica y ambiental. El planeta, como esa extensa porción de tierra en la que encontramos culturas, tradiciones, dialectos e historia, se ha volcado a responder ante la gran amenaza del COVID-19; que se ha presentado a modo de síntoma, de la forma en la que hemos utilizado los recursos y hacía donde hemos orientado nuestras prioridades.
Según un informe del Banco Mundial, los efectos de la crisis global por el COVID-19 sumirán a Latinoamérica en una recesión, con una contracción del PIB de 4,6% en 2020, la cual se profundiza con las coyunturas políticas y sociales que se han vivido en el año anterior, y la caída en negativo del precio del petróleo. En Colombia según este mismo informe, el PIB caerá en un 2%.
El mundo ha enfrentado 5 grandes pandemias: la viruela con 300 millones de muertes, el sarampión con 200 millones de muertes, la gripe española de 1918, que según datos de la OMS mató entre 50 y 100 millones de personas, la peste negra con muertes entre 30 y 50 millones y el VIH que a cierre de 2018 mató a 32 millones de personas según ONUSIDA. En todas ellas, se podría decir, hemos respondido de manera adecuada con vacunas en las 4 primeras, y con un tratamiento, en el caso de VIH, que ha permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes, y, aun así, todas comparten un elemento en común: el miedo.
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Ante este escenario, la Responsabilidad Social cobra sentido cuando las organizaciones toman medidas estratégicas para continuar con sus operaciones y, a la vez, atender las relaciones con sus grupos de interés. Medidas como la continuidad de contratos a través del trabajo en casa o la inversión social en medio de la crisis con la construcción de un hospital en una alianza entre Ministerio de Defensa Nacional, la Gobernación del Atlántico, Bavaria y Banco Itaú, son muestra de que la Responsabilidad Social, aún en tiempo de crisis está llamada a aportar al bienestar y la calidad de vida de las personas.
Por supuesto, esto demanda no sólo un aporte en términos de recursos económicos, humanos y técnicos, sino también, una convicción en reconocer el rol de las organizaciones como un promotor de condiciones de vida digna sociales, económicas y ambientales, aspectos centrales para el desarrollo del país.
Situaciones como la cuarentena nacional ponen de relieve la necesidad de abordar las estrategias de políticas públicas de manera integral, es decir, pensando en las condiciones de las personas y sus familias para ser responsables frente a estos escenarios, y contar con los recursos suficiente para atender el llamado nacional y no fracasar en el intento.
Grandes lecciones hemos aprendido en este escenario; la necesidad de solidaridad intersectorial para construir país, por ejemplo, con la donatón realizada por la Alcaldía de Bogotá, donde se recaudaron 51.696 millones de pesos, dejando claro que, con la ayuda de todos, podremos superar esto. Por otra parte, la necesidad de pensar en políticas públicas integrales, que permitan no sólo la garantía, sino el goce efectivo de derechos económicos, sociales y culturales; por supuesto los ambientales también. Y, por último, esta coyuntura, es un llamado urgente a retornar a lo esencial, a lo importante de la vida, a que como seres humanos estamos llamados a valorar nuestro paso por este planeta, que cada vez necesita de más ciudadanos socialmente responsables, ambientalmente sostenibles y éticamente comprometidos con el bienestar y la calidad de vida de los demás.
