¿Cuánto subiría el salario mínimo en 2026? Lo que muestran las cifras y la negociación

La negociación del salario mínimo para 2026 inició en un escenario particularmente complejo. Según el DANE, entre enero y octubre Colombia registró 23,71 millones de personas ocupadas, de las cuales 11,38 millones (47,99 %) ganan menos de un salario mínimo, 2,40 millones (10,12 %) reciben exactamente un salario mínimo, y 9,93 millones (41,88 %) devengan más de un mínimo. Aunque quienes ganan un salario mínimo son una minoría, su incremento afecta a millones de hogares por la indexación de numerosos cobros y tarifas. 

Este año, además, el debate se desarrolla en vísperas de las elecciones de 2026, un contexto que introduce presiones adicionales sobre la mesa tripartita integrada por Gobierno, centrales obreras y gremios empresariales.

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En este panorama, el profesor Wilson Solano Rodríguez, magíster en Ciencias Económicas y director del Programa de Economía de la Universidad El Bosque, ofrece una lectura técnica sobre las cifras que orientan la discusión y los efectos que podría tener un ajuste por encima del rango recomendado.

Las cifras que condicionan la negociación

Al cierre de 2025, los principales indicadores que orientan la fijación del salario mínimo muestran comportamientos mixtos. La inflación anual alcanzó 5,51 % en octubre, por encima de lo estimado a mitad de año. El Banco de la República proyecta un cierre cercano al 5,1 %, lo que exige un ajuste que preserve el poder adquisitivo sin alimentar presiones inflacionarias adicionales. La productividad, en contraste, se ha mantenido cercana a 0 % e incluso en valores negativos, lo que reduce el margen económico para incrementos amplios sin comprometer la competitividad del país.

En materia laboral, los datos reflejan una recuperación paulatina. La tasa de desempleo para septiembre fue de 8,1 %, la más baja en más de dos décadas, aunque la informalidad continúa alrededor del 55 %, lo que evidencia una estructura del mercado laboral aún frágil. 

“Un aumento que no dialogue con la productividad y la capacidad empresarial puede revertir los avances recientes y ampliar la informalidad”, explica el profesor Solano.

El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) también aporta señales moderadamente positivas. La economía creció 2,5 % en el segundo trimestre y 3,6 % en el tercero, impulsada por el consumo privado, algunos segmentos de inversión y sectores como industria y comercio. Sin embargo, para el experto, estos resultados no constituyen una base suficiente para incrementos salariales que excedan el rango técnico sustentado en inflación, productividad y capacidad empresarial.

Una mesa en tensión y con posiciones cada vez más distantes

El inicio de la concertación estuvo marcado por la decisión de Fenalco de no participar, lo que altera la lógica tripartita prevista por la Ley 278 de 1996. A esta ausencia se suman posiciones significativamente distantes entre quienes negocian. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha planteado un rango de aumento que oscila entre 10 % y 20 %, mientras que desde el Gobierno se ha insinuado un incremento que rondaría el 11 %, cifra que llevaría el salario mínimo a cerca de $1.580.000 sin subsidio de transporte.

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Para el profesor Solano, estas propuestas se alejan de los fundamentos técnicos y responden en parte al clima político. Aunque evita calificaciones valorativas, sí advierte que en un año electoral “existe el riesgo de que la dimensión técnica pierda peso frente a consideraciones coyunturales”, lo que puede dificultar aún más la búsqueda de acuerdos. En este escenario, el experto considera probable que, como ocurrió el año pasado, la negociación no llegue a un consenso y el incremento termine definiéndose por decreto.

Impactos económicos y el rango de ajuste posible

Un aumento del salario mínimo que supere ampliamente la inflación y la productividad puede desencadenar efectos contraproducentes. Entre ellos, el profesor Solano destaca el incremento de los costos laborales —especialmente para las mipymes, que representan el 99 % del tejido empresarial, generan el 79 % del empleo y aportan cerca del 40 % del PIB—; mayores presiones sobre los precios por el traslado de costos al consumidor; la posibilidad de que el Banco de la República eleve su tasa de referencia para contener la inflación; y una reducción del empleo formal que podría incentivar la informalidad laboral.

El debate de este año también incluyó la referencia al salario vital y móvil, concepto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima en alrededor de $3 millones para un hogar de cuatro personas. Aunque plantea un horizonte de dignidad laboral, el docente considera que no es una meta viable en el corto plazo. Para avanzar hacia ese nivel, el país necesitaría consolidar un crecimiento económico sostenido, una productividad más robusta y un desempleo estructuralmente más bajo.

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Ante este panorama, el experto estima que un incremento entre 7 % y 9 % sería razonable y coherente con los factores técnicos disponibles. Esta franja permitiría compensar la inflación, proteger el poder adquisitivo y evitar choques en empleo y formalidad. Con un aumento del 7 %, el salario mínimo alcanzaría aproximadamente $1.523.145; con el 11 % propuesto por el Gobierno, ascendería a cerca de $1.580.085.

La negociación continuará en los próximos días, a la espera del dato oficial de inflación y de las propuestas formales de los actores. En un contexto tan decisivo, el análisis técnico resulta fundamental para garantizar que el ajuste del salario mínimo responda tanto a la sostenibilidad económica como al bienestar de los trabajadores colombianos.