Instrumentalización de menores para el crimen: el fracaso de una sociedad

El reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en un parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (Bogotá), puso en evidencia un drama que se repite en Colombia: la instrumentalización de menores por redes criminales. 

El presunto autor material del ataque, un adolescente de 15 años, fue capturado tras disparar en plena luz del día mientras la víctima ofrecía un discurso en un espacio público. Este hecho reabre el debate sobre el uso de niñas, niños y adolescentes en delitos de alto impacto y la incapacidad del Estado y de la sociedad para garantizar su protección.

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Durante 2024, al menos siete adolescentes han sido detenidos en Bogotá por su presunta participación en crímenes graves, incluido el sicariato. Detrás de estas cifras se esconde una realidad estructural: el reclutamiento de menores por redes criminales que se aprovechan de contextos de abandono, exclusión y vulnerabilidad. Estas organizaciones suelen iniciar a los jóvenes en delitos menores, como el hurto hormiga o el cosquilleo en transporte público, para luego involucrarlos en hechos de mayor gravedad.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), creado por la Ley 1098 de 2006, es el marco jurídico que regula estos casos. Según explica Julián Sinning, abogado y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque, el SRPA está diseñado para menores entre los 14 y 18 años y cuenta con autoridades especializadas: jueces, fiscales, defensores y cuerpos de policía judicial formados para intervenir desde una lógica protectora. 

A diferencia del sistema penal de adultos, que prioriza la privación de la libertad como regla general, con fines retributivos, preventivos y de resocialización, el SRPA se basa en un enfoque restaurativo, educativo y protector, donde la restricción de la libertad es la última medida y solo se aplica en los casos más graves.

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En situaciones como la del menor vinculado al atentado, el SRPA contempla sanciones que van desde amonestaciones y reglas de conducta hasta la privación de la libertad en un centro especializado por un máximo de ocho años. Estas decisiones, señala el profesor Sinning, deben basarse en la gravedad de los hechos, la edad y las circunstancias particulares del adolescente, así como en un criterio de proporcionalidad que atienda tanto sus necesidades como las de la sociedad.

El debate sobre la edad penal mínima ha resurgido tras este tipo de hechos. Sin embargo, el profesor Sinning advierte que bajar el límite de 14 años no resolvería el problema. Este umbral fue fijado, según la exposición de motivos del proyecto legislativo que dio lugar al SRPA, considerando el desarrollo cognitivo y volitivo de los menores, junto al principio de protección integral. Intentar reducirlo, insiste, responde a discursos punitivistas sin respaldo alguno, mientras que el verdadero desafío está en atacar las causas del delito y no en ampliar el alcance del derecho penal.

El profesor Sinning subraya un punto esencial que suele perderse en la discusión pública: el SRPA ya dispone de los mecanismos jurídicos y restaurativos necesarios para cumplir su finalidad protectora, educativa y restaurativa. Más que ajustes al modelo, lo que el país requiere es la correcta aplicación de estos instrumentos, lo que se lograría con capacitaciones constantes y rigurosas a las autoridades que intervienen en el SRPA. Herramientas como el principio de oportunidad permiten, incluso, resolver situaciones sin el traumatismo del proceso penal cuando las condiciones lo permiten, en línea con el espíritu restaurativo del sistema.

En la práctica, los desafíos persisten. Uno de cada cinco adolescentes reincide, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El SRPA, explica el profesor, no parte de un fin resocializador, sino protector, y exige que el Estado abandone las políticas reactivas y priorice estrategias de prevención basadas en educación y amparo. Solo así se evitará que el abandono individual, familiar y social siga allanando el camino hacia la criminalidad juvenil.

Uno de los aspectos más preocupantes es cómo las redes criminales instrumentalizan la inmadurez natural de los menores, aprovechando su vulnerabilidad e indefensión. El docente recalca que el Estado tiene el deber de implementar programas integrales desde la primera infancia y de fortalecer los entornos familiares, escolares y comunitarios. Aunque las normas existen, el problema es su escasa materialización, como lo demuestra el continuo reclutamiento de menores por las organizaciones criminales y la delincuencia común.

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El caso del atentado también evidenció fallas en la protección de los derechos de los adolescentes procesados. La divulgación masiva de la identidad y el rostro del menor implicado vulneró principios básicos del SRPA y el interés superior del niño. Esta práctica, cercana al amarillismo, no solo estigmatiza, sino que pone en riesgo la integridad del joven y el curso de la investigación. La reserva de las audiencias y la protección de los datos personales son obligaciones legales que deben respetarse y hacerse cumplir.

Finalmente, el fenómeno de la instrumentalización de menores es el reflejo de un Estado que no ha logrado garantizar una protección efectiva. El profesor Sinning es enfático: mientras el país no atienda las causas reales de la criminalidad juvenil —el abandono, la falta de oportunidades, la exclusión social—, cualquier esfuerzo punitivo será insuficiente. El verdadero reto es construir un entorno donde los niños y niñas no sean vistos como blanco fácil para el crimen, sino como sujetos de derechos con especial protección constitucional y un futuro posible.