Diez años del Consultorio Jurídico de El Bosque con un fallo histórico

En agosto de 2025, la noticia llegó como un correo breve: la Corte Constitucional había fallado a favor de Ana, una mujer en condición de discapacidad, desplazada por la violencia y cabeza de hogar. Lo que estaba en juego no era un trámite cualquiera: la pensión de sobrevivientes de su hijo, fallecido a los 19 años, que hasta entonces le había sido negada porque no alcanzó las 50 semanas de cotización exigidas por la Ley 100.

La decisión no solo sentó un precedente, también reafirmó el papel del Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque como un espacio donde los estudiantes unen formación y servicio. La coincidencia no pasó desapercibida: el fallo llegó justo cuando el Consultorio cumple diez años de trabajo con comunidades en situación de vulnerabilidad.

Un caso que parecía perdido

Ana llegó a nuestro Consultorio con una historia marcada por la pérdida. Su hijo había empezado a cotizar apenas alcanzó la mayoría de edad, pero falleció antes de completar las cincuenta semanas exigidas por ley. El fondo de pensiones le ofreció únicamente la devolución de los aportes realizados, sin reconocerle el derecho a una pensión. Para su familia —una hija adolescente y una nieta recién nacida— la negativa significaba cerrar la posibilidad de un futuro con un mínimo de estabilidad.

El caso pasó por tres de nuestras estudiantes del Programa de Derecho: Daniela Lara, Jersy Díaz y Manuela Barrera. Cada una asumió la responsabilidad en distintos momentos, siempre con el acompañamiento del profesor Juan Manuel Charria.

La primera en tomar el expediente fue Daniela, quien alcanzó a proyectar un borrador de tutela. Al analizarlo se encontró con una realidad contundente: la ley exigía cincuenta semanas de cotización, y el joven, fallecido a los 19 años, había trabajado solo cuarenta. “Yo sabía que la norma estaba en contra —recuerda Daniela—, pero también que la ley no es inamovible. Tenía que intentarse, porque había un trasfondo social y humano que no podía ignorarse”.

Cuando Daniela no pudo continuar, el caso quedó en manos de Jersy, quien presentó la primera tutela, que fue negada, e impugnó sin éxito. El camino parecía repetirse: una defensa sin eco y un expediente destinado a archivarse. Pero Jersy no se conformó. Sabía que la última palabra podía estar en la Corte Constitucional y presentó la solicitud para que el alto tribunal seleccionara el caso. Fue un paso valiente, que otros habrían considerado improbable, pero que abrió una nueva puerta. “Sentí que no podíamos soltarlo ahí. Había que insistir, aunque todo indicara lo contrario”, cuenta.

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Semanas después, un correo rompió la espera: el expediente había sido admitido para revisión. La Corte solicitaba información adicional sobre la situación económica y familiar de Ana. Para ese momento, Daniela había regresado al Consultorio y se encargó de responder. Preparó un escrito con anexos que detallaban la vida de Ana: su discapacidad, la carga de cuidado de su hija menor y de su nieta, y la condición de desplazamiento que la había obligado a rehacer su vida en Bogotá. “Era la oportunidad de mostrar que detrás de esa negativa había una mujer que lo había perdido todo y que dependía de esa pensión para sobrevivir”, recuerda.

Al iniciar el nuevo semestre, el expediente pasó a Manuela, quien tuvo a su cargo los últimos oficios y el cierre del proceso. “Sentía un peso enorme —dice—, porque no era solo un caso académico, era la vida de alguien. Aprendí que la responsabilidad de un abogado es precisamente esa: no ver un número de radicado, sino a la persona detrás”.

El 6 de agosto de 2025, la Corte ordenó reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de Ana. El fallo dejó claro que no era razonable exigir a un joven de 19 años, que empezó a cotizar apenas pudo trabajar, el mismo requisito que a alguien con décadas de experiencia laboral. La noticia se vivió de manera especial en nuestro Consultorio: Jersy llamó entre lágrimas al profesor Charria; Daniela sintió el alivio de haber contestado a tiempo; y Manuela, la satisfacción de haber cumplido con la tarea que le correspondía.

El fallo no fue el final de la historia. En la última semana de septiembre, el fondo de pensiones informó que solo reconocería la mitad de la pensión, reservando la otra parte para el padre del joven. Con el acompañamiento del profesor Charria, Manuela adelanta las actuaciones para que se cumpla íntegramente lo ordenado y se valore si Ana, por su dependencia económica y su papel como cuidadora, puede recibir la totalidad.

“El trabajo del Consultorio no termina con la sentencia —explica el profesor Charria—. A veces la decisión de un juez es solo un paso más en una cadena de obstáculos. Y es ahí donde los estudiantes entienden que cada carpeta es una vida, y que la constancia es tan importante como la teoría”. Ese fallo histórico no solo cambió la vida de Ana: también simbolizó lo que significa el Consultorio Jurídico en sus diez años de existencia, un espacio que une formación académica con servicio social.

Una década en terreno

Desde 2015, el espacio ha atendido a más de 4.200 usuarios; el Centro de Conciliación, creado en 2021, suma cerca de 800 más. En total, más de cinco mil personas han recibido asesoría, representación o acuerdos en temas como familia, laboral, penal y público.

“Que la Corte valide los argumentos trabajados por nuestros estudiantes es significativo —afirma Mónica Patricia Rodríguez, directora del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación—. Habla de formación, pero también de servicio: acceso a la justicia para quienes no pueden pagar un abogado”.

Esa doble misión, coinciden ella y el decano de la Facultad, doctor Carlos Escobar, es lo que marca la diferencia: formar a los futuros abogados en la práctica real y, al mismo tiempo, garantizar que poblaciones vulnerables encuentren acompañamiento jurídico digno y gratuito.

Esa vocación explica la presencia del Consultorio más allá de Bogotá. Con brigadas en Mesitas del Colegio, Ricaurte, Sibaté o Silvania, estudiantes y docentes atienden casos, capacitan en mediación escolar, orientan en temas de violencia intrafamiliar y ayudan a descongestionar inspecciones de policía. “En un solo día podemos sacar adelante decenas de acuerdos que, de otra forma, tardarían meses”, señala la directora.

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Para el decano Escobar, estas jornadas permiten que los jóvenes entiendan la realidad social del país: “El derecho no es solo un conjunto de normas. Es la vida de las personas y sus conflictos. Tener un consultorio jurídico es darles a los estudiantes la oportunidad de ver la realidad más difícil de nuestra sociedad: la de quienes no tienen voz ni recursos para pagar un abogado”.