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Autor: Comunicaciones
19 de Febrero de 2026
Tiempo de lectura: 3 minutos
En la Conferencia de Seguridad de Múnich de este año, el diagnóstico fue menos técnico que estructural. El informe central habló de una fase de “política de demolición”, una etapa en la que las grandes potencias parecen más dispuestas a reconfigurar las reglas del sistema internacional que a reformarlas gradualmente. No se trataba de una exageración retórica: el documento sugería que el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa una transformación profunda, marcada por tensiones geopolíticas, alianzas más frágiles y nuevas formas de ejercer influencia.
Días después, la Junta de Paz impulsada por el presidente Donald Trump para Gaza se convirtió en un ejemplo concreto de esa discusión. Presentada como un mecanismo para coordinar estabilización y reconstrucción, su formato y alcance han sido leídos por algunos analistas como parte de una tendencia más amplia: el desplazamiento parcial de los canales multilaterales tradicionales por negociaciones más directas y concentradas en actores con mayor peso estratégico.
Para el profesor Felipe Higuera, del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad El Bosque, ambos escenarios no pueden entenderse por separado. “No estamos ante un nuevo orden: estamos ante un orden que busca jerarquizar a los estados y a los grupos sociales, además de estar menos regulado en favor de intereses particulares”. Más que una ruptura total, su análisis apunta a una mutación en la forma en que se legitiman y se ejecutan las decisiones internacionales.
Durante décadas, el sistema internacional funcionó bajo la promesa de reglas comunes. Organizaciones como Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio o las alianzas militares regionales no eliminaban las asimetrías, pero ofrecían procedimientos formales, espacios de deliberación y costos reputacionales para quienes se apartaban de compromisos acordados.
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Sin embargo, el contexto actual muestra una recalibración estratégica. “Estados Unidos no se deshace del poder: reescribe las reglas cuando dejan de ser útiles”, explica el docente. La frase resume una lectura según la cual el cambio no es la desaparición del liderazgo estadounidense, sino la modificación de los instrumentos a través de los cuales se ejerce.
El informe de Múnich advertía precisamente sobre este tránsito: la cooperación basada en normas podría estar cediendo terreno frente a acuerdos transaccionales, en los que la eficacia política y el control de implementación pesan más que la construcción de consensos amplios. En ese marco, el profesor habla de una “desinstitucionalización selectiva”, es decir, un proceso en el que ciertos foros pierden centralidad mientras otros mecanismos, más flexibles, ganan protagonismo.
No se trata, insiste, de que las jerarquías internacionales aparezcan por primera vez. “No es que las esferas de influencia reaparezcan: se están sincerando”. La diferencia radica en que el lenguaje universal que durante décadas recubrió esas asimetrías pierde fuerza frente a acuerdos más explícitos solo entre grandes actores.
La Junta de Paz para Gaza encaja en ese movimiento. A diferencia de procesos tradicionalmente canalizados por instancias multilaterales, este formato convoca actores específicos bajo una agenda definida desde Washington y busca adhesiones parciales más que consensos universales.
“Lo que realmente distingue a esta mediación de las tradicionales no es solo el formato, sino el tipo de legitimidad que se busca: se prioriza la eficacia política y el control de la implementación, pero queda la pregunta crítica sobre la representación efectiva de los palestinos, el papel del derecho internacional y la tentación de convertir la reconstrucción en un proyecto geopolítico y económico definido por terceros”.
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La observación introduce un matiz central: la rapidez y la concentración pueden facilitar decisiones operativas, pero también redefinen quién tiene voz y bajo qué criterios se estructuran las soluciones.
Más velocidad no significa más justicia: implica un ejercicio vertical del poder de los fuertes sobre los débiles, aprovechando las asimetrías que se han construido entre los actores globales.
La tensión se vuelve más evidente cuando se observa el caso de Ucrania. En algunos análisis académicos circula la categoría de “paz imperial” para describir negociaciones en las que grandes potencias acuerdan términos, mientras el país afectado enfrenta presiones para aceptar condiciones ya estructuradas.
“El concepto de ‘paz imperial’ se refiere a un patrón claro: dos grandes potencias se sientan a negociar, mientras que el país afectado se ve presionado a aceptar lo que se decide, y otros actores asumen obligaciones sin haber participado en la discusión”. Para Higuera, el problema no es únicamente jurídico, sino estructural.
La paz imperial no elimina la guerra: simplemente redistribuye a los ganadores y perdedores desde arriba.
Más allá del caso específico, la cuestión es el precedente. Si este patrón se consolida, podría influir en otros escenarios sensibles del sistema internacional, donde las disputas territoriales, económicas o de seguridad se definan bajo dinámicas similares. “Cuando la norma se convierte en ‘acuerdos entre grandes’, los más pequeños pierden garantías y soberanía: solo tienen un precio”.
El debate no se limita a Europa o Medio Oriente. Según el profesor, estas dinámicas también pueden tener implicaciones en el hemisferio occidental y en otras regiones donde la competencia entre potencias influye en decisiones económicas, energéticas y de seguridad. Sin entrar en valoraciones específicas sobre casos particulares, advierte que el precedente importa tanto como el resultado inmediato de cada negociación.
Para países intermedios como Colombia, el entorno plantea desafíos complejos. En un sistema más transaccional, la protección normativa puede debilitarse y las presiones de alineamiento hacerse más visibles. Al mismo tiempo, la diversificación estratégica y la articulación regional pueden convertirse en herramientas clave para ampliar márgenes de maniobra.
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La pregunta final es si estamos ante una fase de transición o ante la consolidación de un nuevo orden internacional. Para el profesor Higuera, la respuesta no depende de una declaración formal, sino de prácticas sostenidas en el tiempo. “Sabremos que es ‘nuevo orden’ cuando lo excepcional se vuelva procedimiento regular”.
Es decir, cuando los mecanismos paralelos desplacen de manera permanente a los foros multilaterales tradicionales; cuando la seguridad y la economía se organicen en bloques duraderos en beneficio de quienes están ajustando las reglas a sus intereses particulares; y cuando la aplicación selectiva del derecho internacional no genere costos significativos para las grandes potencias que no quieren asumir.
Por ahora, la Junta de Paz es un episodio dentro de un proceso más amplio. No constituye por sí sola la prueba de un sistema alternativo consolidado, pero sí ofrece una ventana para observar cómo el poder se reorganiza y cómo las reglas se reinterpretan.
En esa transformación —más que en la proclamación de un orden nuevo— podría estar el verdadero cambio que hoy se debate desde Múnich hasta Washington.
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