Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Universidad El Bosque lidera diálogo sobre crimen organizado y desplazamiento forzado

Autor: Comunicaciones

21 de Agosto de 2025

Tiempo de lectura: 3 minutos

Representantes de la ONU, la Defensoría del Pueblo, Embajada de Austria en Colombia, Geneva Call Colombia y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas analizaron el desplazamiento forzado provocado por estructuras criminales en América Latina.

La violencia ejercida por estructuras criminales, con fines de control territorial, lucro y dominio social, está forzando a miles de personas en Colombia y otros países de América Latina a abandonar sus hogares. Esta fue una de las principales advertencias que dejó el evento Desplazados por el crimen: una verdad que no puede ignorarse, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque como espacio de análisis y diálogo internacional en torno al informe más reciente de la relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU), Paula Gaviria sobre los derechos humanos de los desplazados internos.

Más allá del reconocimiento de un fenómeno en expansión, el encuentro permitió exponer con crudeza las dinámicas de desplazamiento provocadas por actores armados no estatales, estructuras del narcotráfico y redes de macrocriminalidad que operan incluso en contextos sin conflicto armado reconocido. Según cifras compartidas durante la jornada, se estima que al menos 1,2 millones de personas han sido desplazadas por el crimen en Colombia, aunque el subregistro y el temor a denunciar hacen que el número real sea aún mayor.

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Desde la academia, la diplomacia, los sistemas de protección del Estado y la cooperación internacional, los panelistas coincidieron en que este tipo de desplazamiento ha sido históricamente invisibilizado o reducido a efectos colaterales de otras violencias. Sin embargo, representa hoy uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos para América Latina.

La responsabilidad de los Estados y los límites de la respuesta militar

A lo largo del evento, se insistió en que el crimen organizado no solo desplaza: captura territorios, intimida comunidades, impone normas paralelas y debilita la legitimidad institucional. En este contexto, uno de los llamados más reiterados fue el de ampliar la comprensión jurídica del fenómeno para que las respuestas estatales no se limiten a medidas de seguridad, sino que garanticen presencia integral del Estado, con enfoque de derechos, inversión social y atención diferencial a las víctimas.

Los expertos señalaron que, en muchos casos, los Estados no han asumido su deber de protección con la urgencia ni la determinación requeridas. Incluso, se advirtió que algunas autoridades locales no solo omiten su responsabilidad, sino que terminan normalizando la violencia o actuando en complicidad con los perpetradores.

Una de las preocupaciones expuestas fue la tendencia a militarizar la respuesta ante el crimen organizado, sin considerar que los grupos armados están arraigados en lógicas sociales y económicas complejas, con vínculos que trascienden fronteras. Ante esto, se propuso un abordaje multinivel que combine prevención, justicia y reparación, además de una mayor articulación entre los sistemas nacionales e internacionales de protección.

Visibilizar lo invisible: el rol de la academia y la cooperación internacional

Durante el panel también se destacaron los aportes que puede hacer la academia en la documentación, análisis y denuncia de estas formas de violencia. Estudiantes de la Universidad El Bosque presentaron investigaciones sobre desplazamiento en el Tapón del Darién, violencia sexual como estrategia de control territorial y la estigmatización de migrantes en tránsito, entre otros temas. Estas reflexiones fueron recibidas como un ejercicio valiente de pensamiento crítico y sensibilidad social.

El informe presentado en el evento, elaborada por la ONU tras visitas a países como Colombia, Honduras, El Salvador, Ecuador y México, resalta que las víctimas del desplazamiento por crimen enfrentan enormes obstáculos para ser reconocidas como tales, y que el acceso a la justicia sigue siendo excepcional. En muchos casos, las personas desplazadas prefieren no acudir a las instituciones por temor a represalias o por desconfianza en los sistemas de protección.

En ese marco, se subrayó el papel que juegan las embajadas, los organismos internacionales y las organizaciones humanitarias en la generación de alertas tempranas, la presión diplomática y la cooperación técnica para que los Estados cumplan con sus obligaciones.

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El auditorio pudo conocer las posturas frente al tema de: Paula Gaviria Betancur, relatora Especial sobre derechos humanos de la ONU; Alexander Springer, encargado de negocios de la Embajada de Austria en Colombia; Nathalia Romero, delegada para la prevención de riesgos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; Guiliano Perseu, director de Geneva Call Colombia; Camilo Ramírez, profesor de derecho internacional de la Universidad El Bosque; y Felipe Higuera, líder de Relaciones Internacionales de nuestra Institución.

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Como se concluyó durante el evento, “no basta con reconocer la magnitud del problema”. Es fundamental asumir responsabilidades claras frente a los crímenes que generan desplazamiento forzado a manos de grupos armados. Desde el Estado y la comunidad internacional deben emprenderse acciones concretas para garantizar justicia y una protección efectiva de los derechos de las víctimas.

Con este tipo de espacios, la Universidad El Bosque reafirma su compromiso con la construcción de conocimiento al servicio de la sociedad, el fortalecimiento de la democracia y la defensa de la dignidad humana en contextos de alta vulnerabilidad.