Acceso a opioides para cuidados paliativos: una deuda en las zonas rurales de Colombia

En regiones rurales de Colombia, el consumo de opioides —medicamentos como la morfina o el fentanilo, usados para tratar el dolor moderado a severo— en cuidados paliativos es extremadamente bajo en algunos territorios. La situación evidencia barreras para que pacientes con enfermedades avanzadas accedan a medicamentos destinados al manejo del dolor.

Una investigación de la Universidad El Bosque conformó y evaluó, durante 36 meses, tres redes regionales de actores para promover los cuidados paliativos e incluyó el consumo racional, la disponibilidad y la accesibilidad de opioides en zonas de bajo desarrollo de estos servicios. La experiencia obtuvo resultados satisfactorios en estrategias de educación, interacción entre actores, medios de comunicación y la creación de una red digital accesible a todo el público.

Los resultados hacen parte de la investigación con la que la doctora Sofía Muñoz Medina, médica, epidemióloga, bioeticista y doctoranda en Salud Pública, estudió la disponibilidad y accesibilidad de opioides en 13 departamentos de las regiones de Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico, y analizó los resultados de la conformación de redes de actores interesados para abordar y mejorar las barreras identificadas. El estudio fue presentado en el marco del Festival CTeI Legado 2026 de El Bosque, durante el II Concurso 3MT (Three Minute Thesis).

La magnitud del vacío

Para la mayoría de la población colombiana, acceder a un opioide formulado depende de la cercanía a un hospital, una farmacia habilitada y un médico dispuesto a asumir la prescripción.

En las regiones estudiadas, esa cadena se rompe en más de un punto: no hay suficientes servicios de cuidados paliativos, existen barreras geográficas y en ocasiones los médicos generales que deben asumir estas prescripciones no siempre se sienten seguros haciéndolo. Además, ni las autoridades de salud ni el Estado tienen información confiable sobre qué tanto se dispensa realmente en cada territorio.

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Para dimensionar el problema, la investigadora revisó los reportes del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) entre 2014 y 2023. Ahí encontró una limitación que terminó siendo, en sí misma, un hallazgo: por ley, el Estado tiene el monopolio sobre el control de ciertos opioides (como la morfina o el fentanilo), pero medicamentos como el tramadol o la codeína quedan fuera de ese sistema de reporte.

"Solamente podíamos tener datos de opioides monopolio del Estado. Los de medicamentos como el tramadol o la codeína, que manejan directamente las EPS o las farmacéuticas, no logramos obtenerlos. Ahí sí hay una falla a nivel nacional: esa información existe, pero no se ha integrado con el reporte oficial. Sería lo ideal que, a nivel de gobierno, se lograra esa integración", explica la investigadora.

En la práctica, esto significa que un paciente con dolor severo en Vichada o Guainía —departamentos que en 2023 no tenían ninguna farmacia habilitada para dispensar opioides las 24 horas y los 7 días de la semana— podría no conseguir el medicamento que ya le formularon. En Bogotá, en cambio, hay 51 farmacias con esa disponibilidad permanente.

Para medir cuánto opioide se distribuye por persona en una región, los especialistas usan una unidad llamada miliequivalentes de morfina per cápita: entre más alta la cifra, mayor es el acceso a estos medicamentos. La literatura internacional considera que un uso adecuado ronda los 200 miliequivalentes por persona.

En Bogotá y Medellín, ya por debajo de ese estándar, el consumo es de apenas 17. En los tres nodos estudiados la cifra fue aún menor: se mantuvo casi siempre por debajo de 6,5, con una sola excepción —el nodo Orinoquía llegó a 11,5 en 2021, en plena pandemia.

El vacío no es solo de disponibilidad física. Según explica la doctora Muñoz, desde el pregrado la formación en manejo de opioides suele ser superficial, y cuando en una región no hay especialista disponible, la prescripción recae en un médico general que a menudo no sabe qué opioide alternativo ofrecer si no hay morfina en stock. A eso se suma un estigma que, según reportaron profesionales de enfermería y farmacia en los talleres, termina transmitiéndose a los propios pacientes y cuidadores.

Esta brecha educativa no es exclusiva de las regiones estudiadas por la investigadora Muñoz. Un estudio de 2024 publicado en la revista BMC Palliative Care, liderado por la doctora Martha León, de la Universidad de La Sabana, y Miguel Sánchez-Cárdenas, decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad El Bosque, analizó 31 programas de enfermería y 17 de medicina en el país y encontró que solo el 41,67 % integraba competencias de cuidados paliativos a lo largo del currículo, y apenas el 27,08 % ofrecía cursos obligatorios sobre el tema.

Cómo se construyeron las redes

El país cuenta con una ley de cuidados paliativos desde 2014 y un plan estratégico de implementación desde 2016. Sobre esa base, el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos (OCCP) —alianza entre la Universidad de La Sabana y la Universidad El Bosque— lanzó el Plan de Acción 2022-2026, tras identificar que la implementación en regiones rurales no había avanzado al mismo ritmo que en las grandes ciudades.

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Con ese directorio como base, se caracterizaron a 64 actores —profesionales de la salud, gerentes de hospitales, autoridades locales, universidades, pacientes y medios de comunicación locales— según su poder e interés en el tema. La mayoría mostró interés genuino, pero no muchos tenían poder real de incidencia.

En el primer taller, realizado en Bogotá, salió a la luz una contradicción que resume el problema de fondo:

Esa confrontación de percepciones —no un diagnóstico externo, sino la voz de los propios actores— fue el insumo para un segundo taller en el que se conformaron tres redes regionales, cada una con estrategias propuestas por sus propios integrantes: capacitaciones para profesionales de salud y pacientes, encuentros regulares entre instituciones y entes regulatorios, campañas informativas por radio e internet, acompañamiento a pacientes y familiares, y una red digital que hoy opera de forma abierta en la página del OCCP.

Los medios de comunicación locales, que llegaron a los talleres con el menor interés declarado en el tema, terminaron siendo un canal clave para replicar la información en sus territorios: Noticias Mi Putumayo, por ejemplo, cubrió cada uno de los encuentros.

Recomendaciones 

Al Ministerio de Salud le hace dos recomendaciones, que responden a los problemas que más documentó a lo largo de la investigación. La primera no es presupuestal sino de información: un sistema confiable donde cada departamento reporte tanto los opioides monopolio del Estado como los que hoy maneja la industria privada sin obligación de hacerlo. La segunda es logística: permitir que los medicamentos se muevan entre departamentos según la necesidad, para evitar que se venzan en una región mientras faltan en otra.

El modelo de redes de stakeholders, concluye que la investigación, demostró ser un mecanismo efectivo de gobernanza colaborativa para promover los cuidados paliativos que podría extrapolarse a otras regiones del país y en otros problemas de salud pública. Su sostenibilidad, más allá del proyecto de investigación, depende en buena parte de una variable que no está en manos de los propios actores: el sistema de salud y la estabilidad laboral de quienes hoy las mantienen activas.