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Autor: Comunicaciones
09 de Julio de 2025
Tiempo de lectura: 3 minutos
En Colombia, vivir en una zona rural aún condiciona el acceso al sistema de salud, incluso al final de la vida. Así lo demuestra un estudio liderado por la Facultad de Enfermería de la Universidad El Bosque, en colaboración con el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos y la Universidad de La Sabana. La investigación fue presentada por Miguel Agudelo, estudiante del Programa de Enfermería de El Bosque y residente en el VII Congreso del Dolor y Cuidado Paliativo.
El estudio analizó las desigualdades en el acceso a cuidados paliativos en departamentos donde más del 80 % de la población vive en zonas rurales: Amazonas, Guainía, Vaupés, Caquetá y Putumayo. Allí, muchas personas enfrentan enfermedades graves sin acceso a una atención que alivie el dolor, acompañe emocionalmente y respete la dignidad del paciente.
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Los cuidados paliativos no son exclusivos de las etapas terminales. La Ley 1733 de 2014 estableció que pueden ofrecerse desde el diagnóstico de una enfermedad crónica o compleja. Sin embargo, persisten barreras culturales, desinformación y desconocimiento en el sistema de salud. Todavía hay quienes asocian estos servicios solo con el momento de morir, lo que retrasa su solicitud y limita su impacto positivo.
Aunque el servicio está incluido en el Plan de Beneficios en Salud y puede prestarse en casa, clínicas o centros ambulatorios, solo una fracción de quienes lo necesitan lo reciben efectivamente. La situación es más crítica en regiones apartadas, donde hay escasez de personal especializado y redes de atención fragmentadas o inexistentes.
Con base en datos del Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, la investigación identificó cinco dimensiones clave: necesidad de cuidados paliativos, oferta de servicios, acceso a opioides, formación académica y vitalidad profesional. Caquetá y Putumayo, por ejemplo, registran altos índices de sufrimiento en adultos, con un número significativo de muertes asociadas a enfermedades que requieren este tipo de atención. Sin embargo, en esos territorios la oferta es mínima: en Guainía hay apenas 3,73 servicios por cada 100.000 habitantes, y en Amazonas o Vaupés ni siquiera se reportan servicios domiciliarios.
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El acceso a medicamentos esenciales como los opioides, fundamentales para el manejo del dolor, también es limitado. En algunas zonas no hay farmacias 24/7, ni puntos habilitados para su suministro. La ausencia de consumo registrado en departamentos como Amazonas y Putumayo evidencia obstáculos normativos y logísticos que impiden su distribución.
Caquetá
A esto se suma una baja oferta formativa en cuidados paliativos. En los departamentos evaluados no existen programas académicos sobre el tema, y la vinculación de los profesionales a redes científicas es reducida. Esta realidad impide construir capacidades locales y limita el desarrollo de atención basada en evidencia.
Frente a estas brechas, el equipo investigador propone impulsar modelos comunitarios de atención paliativa que incluyan a líderes locales y promotores de salud, así como fortalecer la telesalud y la formación continua desde instituciones académicas como la Universidad El Bosque. También recomiendan mejorar la gestión y distribución de opioides con enfoque territorial, diseñar programas de atención primaria adaptados a contextos rurales, y fomentar la participación de profesionales en redes académicas.
“Garantizar el acceso a una muerte digna y libre de sufrimiento es reconocer que todas las personas, sin importar su ubicación geográfica, tienen derecho a recibir una atención compasiva.”, afirma Miguel Agudelo.
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Miguel Agudelo enfatiza en el papel que puede jugar la academia en este proceso. Señala que nuestra Universidad puede avanzar en la inclusión de asignaturas sobre cuidados paliativos en programas de pregrado, fortalecer la oferta de posgrados, e impulsar diplomados virtuales accesibles para todo el país. También destaca la importancia de generar evidencia útil para la política pública y articularse con actores gubernamentales y sociales para desarrollar modelos adaptados a las comunidades más vulnerables.
Llevar cuidados paliativos a las zonas rurales no es solo una meta técnica: es un acto de justicia social. Significa reconocer el derecho de todas las personas a recibir una atención compasiva, sin importar el lugar donde vivan. Es, en palabras del equipo investigador, un compromiso ético con la dignidad al final de la vida.
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