¿Qué exige la nueva política de sexualidad al sistema de salud en Colombia?

Una joven llega sola a urgencias un día festivo. Acaba de ser agredida sexualmente por un conocido. La enfermera que la recibe es la única en el turno certificada para realizar un examen forense, y una vez abra el kit de evidencia, no podrá salir de la sala hasta terminar.

Así arranca uno de los episodios más comentados de The Pitt, la serie médica de HBO Max, que en febrero de este año dedicó dos capítulos consecutivos a mostrar, con detalle, el examen forense que se realiza a una sobreviviente de violencia sexual. El proceso se extiende por más de una hora, y la paciente duda a mitad de camino —su agresor es parte de su círculo social—, algo que la serie no apresura, evitando siempre los detalles morbosos de la agresión para enfocarse en el procedimiento y en el cuidado hacia ella. La escena se construyó con la asesoría de centros reales de atención a víctimas, y fue elogiada por evitar cualquier toma que la expusiera o revictimizara.

Ese nivel de preparación y cuidado no depende únicamente de la voluntad de quien atiende. También requiere formación, protocolos y un sistema capaz de sostenerlos. En Colombia, esa discusión cobra especial relevancia en el Día Mundial de la Salud Sexual, cuando el país cuenta con una nueva política nacional en la materia: la Resolución Conjunta 1350 de 2026, por la cual se adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

La resolución dirige uno de sus focos en el talento humano: pide a las universidades con programas de salud —medicina, enfermería, y afines— enseñar desde ya contenidos sobre sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, y atención a violencias de género (Art. 20), y exige a las instituciones prestadoras de servicios de salud evaluar de forma continua que ese conocimiento se traduzca en la atención real (Art. 14). 

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Más del 70 % de los casos de violencia sexual notificados en Colombia ocurren contra niñas y adolescentes —una cifra que, según el propio diagnóstico de la política, refleja subregistro y brechas en la detección y atención. El personal de salud, señala la resolución, no siempre llega preparado para atenderlas bien.

Del protocolo a la práctica: ¿está preparado el personal de salud?

Para entender qué tan cerca está Colombia de ese estándar, hablamos con el Dr. Pablo Andrés Rodríguez Camargo, director de la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad El Bosque.

Para el director de la Maestría, la respuesta empieza por desmontar una idea común. "El principal vacío no es solo técnico, sino la capacidad de aplicar los conocimientos desde un enfoque de derechos, género y diversidad", explica. Un profesional puede conocer los protocolos, agrega, "pero si mantiene prejuicios o estigmas, puede seguir generando barreras de acceso o revictimización".

Esa brecha tiene, según él, un patrón identificable. "Persisten vacíos en formación en derechos humanos, género, diversidad, interculturalidad y determinantes sociales de la salud", señala el Dr. Rodríguez, quien agrega que estos temas suelen aparecer de forma fragmentada, "lo que dificulta responder adecuadamente a desafíos como la mortalidad materna, el embarazo adolescente o las violencias sexuales".

¿Qué tan preparado está hoy el personal de salud para atender a sobrevivientes de violencia sexual —justo el tipo de caso que retrató The Pitt—? "Hay avances normativos, pero la preparación sigue siendo desigual", responde el director. Más allá de conocer el protocolo, insiste, "se requieren competencias en escucha, manejo del trauma, atención sin revictimización y articulación intersectorial. El reto es garantizar una atención humana, oportuna y centrada en la víctima".

Esa capacidad, dice el Dr. Rodríguez, se forma en dos tiempos distintos. "La educación continua tiene el mayor impacto inmediato porque fortalece a quienes ya están atendiendo a la población", explica. Pero el cambio sostenible, aclara, "requiere actuar también en el pregrado. Por su parte, los programas de posgrados cumplen un papel estratégico al formar líderes capaces de generar investigación, innovar y transformar prácticas e instituciones".

Tener el conocimiento, advierte, no es lo mismo que aplicarlo bien. "Cumplir un currículo es adquirir conocimientos", dice. "Transformar la práctica es aplicar esos conocimientos para ofrecer una atención respetuosa, libre de discriminación y centrada en la autonomía y los derechos de las personas".

Y esa transformación, cuando ocurre, tampoco está garantizada en el tiempo: "Parte de lo aprendido puede perderse por la presión asistencial, la sobrecarga laboral y las culturas institucionales", advierte el director, para quien la actualización permanente y la evaluación continua de competencias son, por eso, fundamentales.

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¿Qué tan en serio se toma hoy esa evaluación en Colombia? El panorama es desigual, según el experto: "algunas instituciones verifican solamente el cumplimiento de capacitaciones; otras evalúan cambios reales en la atención y utilizan los resultados para mejorar la calidad de los servicios".

A esa desigualdad institucional se suma una geográfica. "Las principales brechas se concentran en zonas rurales y dispersas, donde existen mayores dificultades de acceso a servicios, disponibilidad de talento humano y capacidad institucional", detalla, y precisa que estas desigualdades "afectan especialmente a comunidades étnicas y poblaciones vulnerables".

La Maestría en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad El Bosque trabaja, según su director, en la dirección que la nueva política exige. "La Maestría forma talento humano con enfoque de derechos, género, diversidad y salud global, fortaleciendo capacidades en atención, investigación, gestión y formulación de políticas", cuenta. "Además, desarrolla proyectos e investigaciones alineados con los retos que plantea esta nueva política".

¿Y si tuviera que señalar una prioridad? El Dr. Rodríguez no duda: fortalecer la formación y evaluación de competencias del talento humano. "La garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos depende, en gran medida, de las decisiones que toman diariamente los profesionales en los servicios de salud", concluye.

El propio desenlace del episodio de The Pitt ilustra ese punto. Tras dedicarle a la paciente más de una hora de atención meticulosa, la enfermera termina su turno llamando a la policía, molesta porque el kit de evidencia de otra víctima lleva semanas esperando ser recogido, cuando el protocolo exige que ocurra en 72 horas. La escena deja una lección incómoda —incluso el trato más cuidadoso a una paciente puede no bastar si, en algún otro eslabón del sistema, algo falla.

Esas decisiones son, según la política pública que hoy rige en Colombia, una tarea que no puede quedar librada al azar. La Resolución 1350 fija un horizonte de diez años, hasta 2035, con evaluaciones intermedias en el camino, para sostener y fortalecer esa formación en todo el país. Se forma, o no se forma. Se evalúa, o no se evalúa. De esa respuesta depende que cada sobreviviente de violencia sexual en Colombia reciba una atención cada vez más rigurosa y humana.